Es la articulación entre el Estado venezolano y los pequeños mineros y mineras, mediante el registro y conformación de brigadas de pequeña minería de una población específica, que permiten legalizar la actividad minera en una zona habilitada para tal fin y la transferencia para el uso de tecnologías mineras de bajo impacto ambiental que permitan el desarrollo paralelo de proyectos de agricultura, recuperación ambiental y remediación en la zona.

Su finalidad es promover la supresión de la extracción no autorizada de recursos minerales y los pasivos ambientales que esta genera, a través de la conformación de nuevas formas de organización popular que permitan la diversificación de la minería hacia las actividades conexas.

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