Andrés Antillano: “Arco Minero viene a dar coherencia a una actividad minera que estaba al garete”

Tras varios meses de investigación etnográfica en el Arco del Orinoco, reconocido científico venezolano sostiene que, sobre la actividad minera en la Orinoquia, hay un estigma creado de manera interesada, especialmente, por los grandes capitales. Entre sus conclusiones, dice: “La alianza entre el Estado y la pequeña minería es una forma de conjurar la violencia y garantizar un desarrollo minero ecológicamente amigable”

Prensa Minería/Nerliny Carucí.- “En el pasado, se cometieron errores, porque la política pública era una política de desconocimiento de la actividad minera: de persecución o de no reconocimiento, y eso condujo a situaciones que favorecieron a grupos criminales que terminaron explotando al pueblo minero”. Así dio cuenta el científico Andrés Antillano del contexto en el cual emergió el controvertido Arco Minero del Orinoco, y del significado que esta política tiene en la dignificación del mundo minero.

Andrés Antillano es psicólogo social y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especialista en criminología y activista por los derechos humanos. Este científico ha realizado investigaciones “desde adentro” en las minas del estado Bolívar, para comprender la vida del pueblo minero en su cotidianidad, allende cómo se estructuran las prácticas sociales asociadas a la minería.

“Con el Arco Minero, se puede garantizar un desarrollo responsable de la actividad minera, sobre todo descansando en lo que es la fuerza motora de esta transformación minera: la clase trabajadora minera”, indicó el experto sobre el impacto ambiental y social del Arco de Guayana.

Andrés Antillano- en El Callao - Foto Emilio GuzmánEn su opinión, formada a la luz de dispositivos etnográficos de coproducción de información, el sector minero expresa la identidad de la clase trabajadora venezolana; a pesar del estigma que sobre él propagan, especialmente, “los grandes capitales que han estado detrás de la minería”.

La presión ejercida contra el Arco Minero ha crecido en el tiempo. Basta recordar la campaña de descrédito en la opinión publicada, de los días recientes: “Minería decretada por Maduro causa estragos”; “Arco Minero se come a Venezuela, y nadie dice nada”; “Arco Minero es una amputación del 12 % del territorio nacional”; incluso cuando científicos, pueblo minero, líderes indígenas y Gobierno nacional han demostrado que el Arco Minero de Guayana es una política que ha venido a poner orden en el caos de una actividad minera que, como dijo Antillano, estaba “al garete”. Según este investigador académico, en esta crítica, hay de todo: hay crítica malintencionada, algunas críticas justas y juicios que obedecen a un profundo desconocimiento.

Antillano definió las alianzas entre el Estado y la pequeña minería, en el Arco Minero del Orinoco, como “un camino que puede ser indetenible y puede ser un faro para los mineros, de todo el mundo, que viven en condiciones de explotación, de casi esclavitud, de despojo y saqueos permanentes”.

Esta conversa sobre el Arco Minero la tuvimos en el programa de radio En la bulla, transmitido por RNV Informativa y radio Miraflores, el 17 de noviembre de 2017.

—¿Por qué hacer una investigación científica sobre el tema minero?

—El interés de esta investigación es que sobre los pequeños mineros pesa un estigma, que yo creo ha sido interesado. Es parte, digamos, de esta estrategia de negación de nuestro pueblo, negación de la gente humilde que es quien produce la riqueza: esa que hace al país. Es una estigmatización histórica de los pequeños mineros que intenta señalarlos como grupos delictivos, holgazanes, depredadores del ambiente,cuando más bien son los pequeños mineros —insisto— quienes, como los empobrecidos, como los trabajadores de este país, producen la riqueza.

Entonces, en buena medida, esta investigación buscaba conocer, de cerca, el mundo minero. La etnografía, justamente, es ser parte de lo que se estudia: no ver las cosas a la distancia, sino conocer de cerca la vida, las prácticas sociales, las formas de organización, los problemas de los mineros y, bueno, ¡fue realmente apasionante! Si algún sector —yo llegué a la conclusión, Nerliny, ministro, María— expresa la identidad de la clase trabajadora, en este país, es el minero.

En nuestro imaginario colectivo, hay un poco de esa idea, muy colonial, de El Dorado: que el oro se da, así de fácil, al alcance de la mano.

Arco Minero del Orinoco - Mina El Chivao - Foto Emilio Guzmán—Que brota.

—¡Que brota! Bueno, esta idea de que —quizá, fue verdad en algún momento—, en El Callao, llovía, y salían los cochanitos de oro. ¡No! Realmente, si vale algo el oro, no es por el material, sino por el esfuerzo gigantesco que el minero le pone.

—Andrés, ¿por qué el público tiene una mala imagen del minero? ¿Por qué la mala imagen del minero tiene una gran exposición mediática?

—Dentro de los pequeños mineros hay de todo, pero prevalece la gente buena y trabajadora, gente que intenta ganarse su sustento con su esfuerzo, con un empeño impresionante. Además, el minero vive con una vida muy humilde, muy modesta: tiene el oro para sobrevivir, pero no se trata de fortunas meteóricas. ¡Eso también es un gran mito! Puede haber muchas razones de este estigma, pero pienso que ha sido un estigma creado de manera interesada, especialmente, por los grandes capitales que han estado detrás de la minería. Por ejemplo, se habla de la depredación; yo estuve ahí, y vi zonas de mucha depredación ambiental, pero era por parte de las grandes empresas mineras del pasado, que fueron expulsadas [por el gobierno del presidente Chávez]. ¡Yo estuve ahí: a mí no me echaron el cuento!

El minero, además, tiene un sentido antiimperialista. Esa fue una de las cosas de las cuales me di cuenta, porque su lucha de clases siempre ha sido contra las grandes corporaciones que explotaban al minero; y el minero fue, históricamente, reivindicando la soberanía nacional. Acercarse al mundo minero es acercarse a un mundo culturalmente rico, porque además es un crisol del pueblo venezolano: uno consigue, en las minas, gente de oriente, de occidente; gente de Apure, gente de los Andes; hermanos que vienen de otros países, hermanos colombianos. En fin: el Arco es un crisol de los sectores populares; en ese sentido, es una cultura muy rica.

Además, el minero tiene un poco la idea —¡claro!, insisto que hay de todo un poco: no debemos homogeneizar— del bien común: entender que la naturaleza no puede ser depredada de manera infinita, porque ellos viven de la naturaleza, y deben tener una relación de respeto. Luego, también hay un problema el cual es una responsabilidad del Estado, y entiendo que la política del Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico se trata de saldar esa deuda: es la situación de irregularidad de la pequeña minería…

—¿De la informalidad?

—De la informalidad. Las condiciones de informalidad hacen presa fácil al pueblo minero de grupos criminales, lo hacen presa fácil de la extorsión. Yo he visto, con el tema del paludismo, cómo mercenarios de la salud desvían los medicamentos para vendérselos, a precios exorbitantes, a los mineros —¡medicamentos que son gratuitos en Venezuela!.

La informalidad también guarda relación con la situación jurídica, legal; en ese sentido, una política de regularización, de reconocimiento, de presencia del Estado, de alianzas entre el Estado y la pequeña minería no solamente va a mejorar la situación de los mineros, sino que va a garantizar un desarrollo ecológicamente amigable y, además, va a significar una estrategia para saldar la situación de la guerra económica que vive el país.

—En estos días salió publicado en algunos medios de comunicación que, según los resultados de una investigación realizada por usted en el Arco Minero del Orinoco, “hay una relación directa entre el auge de la producción aurífera y la violencia”. ¿Se puede categorizar o entender de esa manera? ¿Esa afirmación le hace justicia a la forma como se estructura el fenómeno de la violencia en el Arco?

—¡Yo no dije eso, exactamente! Hay un tema de la renta. La minería ha estado en el norte del estado Bolívar desde hace casi doscientos años en 1824 fue la primera explotación en el Cuyuní y, sin embargo, la violencia no estaba ahí presente. Los grupos criminales no son pueblo minero; por el contrario: las mafias explotan y abusan al pueblo minero. La violencia en el Arco Minero está condicionada por varios factores; entre ellos creo yo: la débil presencia del Estado. Por eso, hay que fortalecer la presencia del Estado y regularizar la actividad minera. Por ejemplo, una de las cosas planteadas por los mineros es la posibilidad de vender directamente al Estado y, en ese sentido, estos éxitos tempranos de despacho de oro son un camino que avizora una política importante: la posibilidad de vender directamente al Banco Central y a Minervén; así como tener una relación estrecha con el Estado, porque ellos entienden que el Estado venezolano no está para perseguir al pueblo minero, sino para protegerlo y dignificarlo.

Justamente, la débil presencia del Estado favorece la instalación de soberanías criminales. También, está la existencia de una renta muy grande, la cual es muy atractiva para grupos criminales que terminan explotando al pueblo minero. De hecho, el problema central es la extracción desregulada de rentas, sin un papel activo del Estado y de las comunidades.

La violencia está vinculada con la situación de lucha de clases; es decir: ya no es el gran capital de las empresas transnacionales el que explota al pueblo minero, sino grupos criminales. Entonces, la presencia del Estado, la alianza entre el Estado y la pequeña minería es una forma de conjurar la violencia en el Arco Minero del Orinoco.

¡No hay una relación necesaria entre minería y violencia! La violencia responde a la falta de políticas —y yo creo que hay un esfuerzo importante con el Arco Minero del Orinoco— que integren al minero y le garanticen condiciones de vida adecuadas.

—Hay personas que se oponen al Arco Minero, ideado por el Comandante Chávez y que, ahora, se ha cristalizado con el decreto del presidente Nicolás Maduro. A su juicio, ¿cómo impacta socialmente el Arco Minero del Orinoco?

—¡Sí! En las críticas del Arco Minero, hay de todo: hay crítica malintencionada; hay críticas correctas y justas, que puedo yo compartir, inclusive; y críticas que obedecen a la falta de comunicación. Por eso, aprovecho y saludo este esfuerzo comunicacional de En la bulla, cuya producción está haciéndose desde el Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico con Radio Nacional de Venezuela. Pero, esencialmente, yo creo que el Arco Minero apunta a reconocer y darle coherencia a una actividad minera que existe desde hace muchísimo tiempo y que, de algún modo, estaba al garete.

En el pasado, se cometieron errores, porque la política pública era una política de desconocimiento de la actividad minera: de persecución o de no reconocimiento, y eso condujo a situaciones que, por ejemplo, favorecieron a grupos criminales que terminaron explotando al minero. Entonces, creo que si el Arco Minero sirve para regularizar la situación de los pequeños mineros; garantizar los derechos humanos de los pequeños mineros; garantizar una presencia activa del Estado, la afirmación de la soberanía y un desarrollo ecológico de la minería —que, de hecho, no es una utopía. Hay experiencias interesantes en zonas mineras de Perú, donde la misma comunidad establece medios de control y de monitoreo ambiental—; esas son cosas que pueden garantizar un desarrollo responsable de la actividad minera, sobre todo, descansando en lo que yo creo que es la fuerza motora de esta transformación minera: los pequeños mineros, la clase trabajadora minera.

—Tú decías, hace unos minutos, que el pueblo minero es un pueblo muy humilde, el cual maneja muchas riquezas. ¿Esa humildad viene dada, a lo mejor, por el desconocimiento del valor de tanta riqueza? ¿O qué opinas tú?

—¡Fíjate! Una de las cosas que, para mí, guarda relación con esos mitos, que comentaba Nerliny, es que el pequeño minero realmente no produce mucho. De hecho, le queda muy poco y lo que gana es una estimación.

—Lo que gana termina pagándolo en vacunas.

—Termina pagándolo en vacunas, o en precios exorbitantes en determinados productos; por ejemplo, en medicinas contra el paludismo, un fármaco gratuito para tratar el paludismo, que se lo venden a precios desmesurados. Entonces, el minero se queda más o menos con un 5 o 10 %. Extrae muy poco —eso depende mucho de la zona, pero extrae muy poco— y se queda con un 10 % de lo que extrae. Todo lo demás, queda por ahí. ¡¿Quién se apropia de esto?! Las mafias, los actores que extorsionan a los mineros. En ese sentido, es clave el desarrollo de las fuerzas productivas mineras, la asistencia técnica a los mineros, la posibilidad de creación de fondos mineros que permitan reinvertir esto.

—Estamos haciendo el Fondo Social Minero.

—Ese tipo de cosas no solamente va a permitir espantar los peligros, que son reales y son peligros de soberanía nacional. Hay países donde las dinámicas de conflicto armado se sustentan mucho en estas prácticas extorsivas de los pequeños mineros. ¡No es el caso de Venezuela, por suerte! Pero es un peligro siempre. Entonces, la posibilidad de reapropiar este excedente, por parte de la clase trabajadora minera y del Estado, para que pueda ir a las arcas del Banco Central, en acuerdos equitativos para los pequeños mineros y para el Estado, no solamente va a espantar este peligro; además permitirá el desarrollo de la actividad minera tradicional, una actividad productiva hecha casi manualmente.

Durante la investigación, yo bajaba a los barrancos —como llaman a los “verticales”—, a 50 metros, a ver cómo sacaban el oro a punta de martillo. Ese es un trabajo muy artesanal, muy precario, muchas veces, a riesgo de la vida de los propios mineros. Entonces, el desarrollo de mejoras tecnológicas, amigables con el ambiente; la protección de la seguridad industrial y la salud de los mineros; va a significar no solamente la dignificación de la vida del minero, sino también una actividad mucho más rentable y mucho más económica, y esto tiene que ver con el estudio, el conocimiento y la asistencia técnica que usted menciona. Es una posibilidad real para desplazar el problema del uso de mercurio que tanto afecta a los propios mineros como al ambiente.

—Tú que has estado con el pueblo minero y has hecho tus investigaciones, ¿ellos están conscientes de la necesidad de la preservación del ambiente y de los ecosistemas donde están trabajando? ¿Cuál ha sido tu impresión con este pueblo?

—Debo señalar que el mundo del pequeño minero es muy heterogéneo. Está el minero tradicional —como el caso de María—: un minero que tiene toda la vida en el ejercicio de esa actividad y ha desarrollado un saber de protección del ambiente; y están los recién llegados quienes tienen actividades muy predatorias: quieren hacerse rápidamente un pequeño capital, muchas veces, en contra de su vida, inclusive. Pero, en general, el impacto predatorio del minero tradicional sobre el ambiente es relativamente reducido. ¡Claro!, como son muchos, quizás, su suma puede ser mayor, pero, sobre todo, es un impacto sobre su propia vida: contaminación mercurial, el tema mismo de paludismo. Pero, reitero, el minero tradicional intuye —porque, finalmente, el minero vive en una relación necesaria con el ambiente— que la preservación de la naturaleza es esencial: el minero tradicional es cuidadoso con el entorno natural.

El minero generacional tiene una cultura minera acentuada que, además, se distingue claramente, porque es el minero que menos accidentes tiene. Tiene una relación más responsable con su actividad, con el ambiente, pues ha nacido y vivido en la mina o ha estado vinculado con la mina. Además, tiene una relación muy interesante. Por ejemplo, en el caso de El Callao, muchas familias tienen la mina en el patio de su casa, y solamente explotan lo necesario.

¡Fíjense, ministro, Nerliny, la diferencia con el gran capital! Esa es la gran diferencia con las grandes industrias mineras que van a agotar, de pronto, el yacimiento, a sacar lo más que puedan; a veces no sacan nada, pero lo que les interesa es el negocio bursátil: estar en la bolsa de valores de Wall Street.

El minero tradicional entiende que su principal forma de vida es esa: solamente se hace del oro que requiere para vivir, y no hay una relación predatoria con la mina ni con el ambiente. No obstante, al mismo tiempo, hay otras formas de relación en el territorio. Por ejemplo, las dragas y balsas —que son una suerte de mediana minería ilegal, que involucra capitales importantes y actúa con impunidad— tienen serios impactos predadores sobre los lechos de los ríos. También están las familias mineras que llegan de las grandes ciudades y del campo, en buena medida, huyendo de situaciones de pobreza provocadas por esta criminal guerra económica contra los sectores populares; por las operaciones especulativas contra el pueblo venezolano. Esas familias llegan, muchas veces, buscando oxígeno, respiro en las minas, algunas creyendo en esta historia de El Dorado: de la fortuna rápida; que insisto: es falsa porque el pequeño minero trabaja con métodos de muy poco desarrollo industrial, incluso artesanal, y nunca logra sino unos pocos puntos, menos de un gramo de oro —como dicen en las minas: menos de una ‘grama’—.

Eso lo vemos en los despachos de oro: el trabajo de 25 mil mineros se reflejó, en la décima segunda entrega de 2017, en un poco más de 700 kilos de material aurífero.

—Usted acaba de tocar un punto importantísimo, que yo no lo terminé de desarrollar: cada minero, cada cuadrilla, cada compañía tiene una actividad cooperativa, esencialmente. La explotación minera produce relativamente poco y tiene muy poca ganancia; pero el conjunto de los mineros puede tener una ganancia extraordinaria. Allí, hay un vacío que los pequeños mineros vienen solventando con el Consejo Popular Minero, con la organización…

—Con las brigadas mineras.

—… con las brigadas mineras. No verse como unidades aisladas, sino verse como movimiento. Porque ese excedente podría convertir al movimiento minero del Arco Minero, quizás, en el movimiento popular más importante del país, no solamente por lo que produce, sino por la cantidad de familias involucradas; es decir: cómo los pequeños mineros organizados, de manera colectiva, se reapropian de sus propios excedentes, con el Estado, incluso, para transferírselo al Estado, al Banco Central, a un precio justo; esto permite la transformación social, tecnológica, educativa.

Un problema muy importante es que, generalmente, las minas están fuera de las áreas más consolidadas; por lo tanto, los niños no tienen acceso a la educación formal. Hemos estado pensando, con el Consejo Popular Minero, en proyectos de educación informal y de salud que permitan que los niños sean atendidos; es decir: cómo esto puede estar en manos de un desarrollo integral local.

—De todo el Arco Minero del Orinoco.

—De todo el Arco Minero, controlado por quienes producen la riqueza. Porque, finalmente, este es el socialismo. El socialismo es que quienes producen la riqueza sean quienes decidan políticamente sobre la riqueza. Allí, la posibilidad de esta alianza entre los pequeños mineros organizados y el Estado, en el Arco Minero del Orinoco, es un camino que puede ser indetenible y puede ser un faro para los mineros, de todo el mundo, que viven en condiciones de explotación, condiciones de casi esclavitud, de despojo y saqueos permanentes, en distintos países de nuestra América y del resto del mundo.

—Una vez más estamos viendo, Nerliny, la necesidad que teníamos de tener el Arco Minero del Orinoco para abordar el tema socioambiental que, como decimos en nuestro lema, es dejar “la menor huella en el ambiente, pero la mayor huella en lo social”; de acompañar la organización de los mineros y las mineras que hacen vida en el Arco.

—¡Y reconocerlos, ministro! Es importante que el Estado reconozca a los pequeños mineros como los productores de la riqueza minera, en el país. Como parte de ese reconocimiento, la comunidad local debe incorporarse en los procesos de toma de decisiones, control y gestión de la política minera. En ese sentido, es responsabilidad del Estado respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, tal como está consagrado en la Constitución.

Si juntamos los objetivos del Arco Minero, encontramos el de tomar el control soberano de la cadena productiva minera, pero también el de incorporar el control de las actividades conexas a la minería. Usted que tuvo la oportunidad de estar allá con los mineros y las mineras de toda esa zona del norte de Bolívar, ¿qué tantas posibilidades ve para el desarrollo de proyectos agroproductivos, considerando que ellos pagan altas cantidades por la compra de alimentos?

—Así es. El pequeño minero se ha convertido en blanco de un conjunto de actores inescrupulosos. Lamentablemente, a veces, son personas llamadas a proteger a los pequeños mineros, como algunos miembros de los cuerpos de seguridad —¡no todos!, pero algunos ejercen una represión desmedida— y otros actores civiles que, sin ningún escrúpulo, se dedican a saquear, a despojar al pequeño minero, a extorsionarlo; o a estas operaciones especulativas con el alto costo de la vida.

En el Arco Minero, los mineros producen alimentos. En la mayoría de las minas, yo vi plantaciones y cría de animales. ¡Eso hay que potenciarlo!: hay que brindarles asistencia técnica; establecer con ellos alianzas. Además, hay un elemento importante: los mineros son, prácticamente, junto con los pueblos indígenas —muchos indígenas también son mineros: hay muchas minas indígenas—, los únicos que están presentes en territorios particularmente vulnerables, al lado de la frontera con Guyana, ¡nuestra Guyana Esequiba!, y al lado de Brasil.

El pueblo minero es condición de soberanía, de ejercicio de soberanía nacional sobre territorios que el Estado venezolano, históricamente, ha abandonado, y que, como en todos los casos, son los humildes, los trabajadores quienes, con su presencia, afirman soberanía y construyen patria.

Este elemento de soberanía nacional también debe ser incorporado en la política minera y en la política de organización de los pequeños mineros. Yo vi, por ejemplo, la Asociación de Guardianes del Esequibo, cerca de Hoja de Lata. Los mineros se plantean seriamente un desarrollo productivo responsable en una frontera que es, particularmente, sensible por el despojo histórico del imperio británico de nuestro Esequibo. La presencia del Estado venezolano, aún hoy, es muy precaria, muy débil en esas áreas. Ese es un tema que no está, para nada, resuelto. Es muy lamentable, por ejemplo, ver cómo pasan gandolas de gasolina venezolana, que no les permiten tener a los mineros, pero pasan a la Guyana a financiar la usurpación del territorio Esequibo. Por eso digo: son los mineros una condición de soberanía para la protección y defensa de territorio nacional.

—Después de vivir esa experiencia de investigación en los territorios de la Orinoquia, ¿qué significado toma para el científico Andrés Antillano el Arco Minero del Orinoco?

—Yo creo que el Arco Minero debe descansar en el reconocimiento de la clase trabajadora minera, en la incorporación y la dignificación de la clase trabajadora minera que son esas decenas de miles, esos cientos de miles de pequeños mineros quienes, todos los días, no solamente producen oro, producen diamantes, sino que hacen patria sobre estos territorios. El Arco Minero debe pensar un desarrollo con enfoque ecológico basado en relaciones comunitarias, y fortalecer una presencia activa del Estado que proteja y potencie las capacidades creadoras de nuestro pueblo.

Fotos: Emilio Guzmán

Hoy más que nunca: Conciencia de Clase

Por Jorge Arreaza Montserrat

Nadie duda sobre la existencia de las clases sociales. Marx lo dejó claro, son dos: la burguesía, dueña de los medios de producción y acumuladora del capital a partir de la apropiación de la fuerza de trabajo de los asalariados. Y el proletariado, los asalariados, los que carecen de propiedad privada sobre los medios de producción. Una clase que domina a la otra, que explota a la otra, que se aprovecha y se enriquece a partir de esa explotación sobre la mayoría. Pero es la clase trabajadora, la que hace el esfuerzo, la que produce y genera la riqueza legítima, que luego le es arrebatada y distribuida entre quienes concentran el poder y los medios de producción.

Marx también disertó sobre las características de la superestructura político jurídica, a partir de esas relaciones de producción, de ese modo de producción fundamentado en la explotación. Es decir, los que dominan en la economía, dominarán en la política y en la construcción de aquello que da sentido común a la sociedad en que se desarrolla. La economía capitalista amerita de un ordenamiento jurídico que proteja y naturalice esa relación arbitraria y desigual de una minoría que domina a la gran mayoría. A partir de este hecho, la estructura del Estado Burgués servirá para mantener y profundizar la desigualdad como elemento fundamental del capitalismo. Es la dictadura de la burguesía, que puede, o no, tener fachada de democracia liberal, puede predicar, o no, los derechos del hombre, pero que a fin de cuentas, no es más que el sistema de justificación y protección jurídica- institucional-moral de la explotación económica y la opresión sobre la clase trabajadora.

En Venezuela la burguesía nacional gobernó y dominó a sus anchas, hasta 1989. Una extendida pobreza caracterizó a la inmensa mayoría de los venezolanos. Mientras que un puñado de familias, acumulaban riqueza a partir de la pobreza y el trabajo de esa mayoría. Una burguesía además improductiva, parasitaria, aferrada a la renta petrolera que el Estado, su Estado, le facilitaba para importar y especular, más que producir. Los gobiernos y gobernantes que se correspondieron con esa etapa de la historia y la economía venezolana, eran fieles representantes de aquel sistema de dominación y acumulación del capital. Un enjambre legal que avalaba la desigualdad, la explotación y la entrega de nuestros recursos energéticos y minerales a las grandes corporaciones internacionales, jefes y jefas imperialistas de esa burguesía criolla. Unas Fuerzas Armadas que actuaban como ejército de ocupación, para proteger los privilegios de los pocos y reprimir a las grandes mayorías, que reclamaban su parte de esa riqueza, riqueza que ellos producían, y que también reclamaban los derechos sociales que les eran negados permanentemente.

Pero con 1989, vino 1992, con ese pueblo en la calle, vino Hugo Chávez, y así, los que no tenían parte, se hicieron con el poder político, utilizando con inteligencia estratégica las herramientas de la propia democracia burguesa. En 1999, no se produce un cambio de administración, ni de gobierno en Venezuela, comienza un cambio de época: la transformación y reversión estructural del sistema de exclusión de las mayorías y dominación de la minoría. Y efectivamente, cuando la minoría burguesa entendió que la Revolución Bolivariana sí iba en serio, que pretendía distribuir equitativamente la riqueza nacional y revertir el sistema de dominación y entrega de los Recursos Naturales, se desató una reacción voraz de quienes sentían cómo iban perdiendo aceleradamente el poder político y económico que ilegítimamente detentaron durante más de siglo y medio.

La burguesía, como clase social, se quedó sin el poder político nacional. Y aunque aún conservan amplia hegemonía sobre la propiedad de los medios de producción, han visto disminuidas sus capacidades de dominación y explotación a través de importantes nacionalizaciones, así como de la promulgación de leyes populares que restringen sus privilegios y márgenes de maniobra para explotar a la clase trabajadora. Y esa clase mayoritaria de invisibles y asalariados neo esclavizados, como diría el pensador francés Jacques Ranciere, esa parte de los que no tenían parte, se hizo del poder político, no sólo institucional, sino social y territorial, a partir de la construcción del Poder Popular.

De manera dialéctica, la clase social trabajadora comenzó a hegemonizar la superestructura jurídico política de la sociedad venezolana del siglo XXI, a pesar de que las relaciones económicas de producción no se transformaron al mismo ritmo. La burguesía, por su parte, emprendió una fase violenta y permanente de intento ilegal de restauración en el poder político, a partir de la fuerza de su amplia propiedad privada sobre los medios de producción, los medios de especulación importadora y sus medios de comunicación. Mientras el Comandante, Hugo Chávez, afianzaba a las mayorías en el poder político, fue generando las condiciones para que esa clase trabajadora se fuera apropiando también de medios de producción y fuesen generando nuevos medios, a partir de su organización para el trabajo. La burguesía, sin embargo, tuvo la audacia de permear las instituciones del Estado, en muchos casos vinculadas al poder económico hegemónico, y siguió apropiándose de parte de la renta petrolera, ya no en origen (PDVSA), sino en destino (las divisas para la importación y producción). También usaron ese poder para tratar de derrocar al Gobierno Bolivariano.

El Presidente Nicolás Maduro cortó de cuajo el acceso de la burguesía a las divisas del pueblo. Nuevas instituciones y métodos surgieron. A pesar de la disminución del ingreso petrolero, la inversión social se ha ampliado, las Misiones Socialistas avanzan, los derechos sociales se han profundizado en estos últimos 4 años. A pesar de las dificultades, y precisamente gracias a su capacidad para superar las dificultades con el Pueblo, la Revolución Bolivariana se acerca cada día más a su punto de no retorno. Ante esta realidad, y aprovechando las dificultades económicas, la burguesía arremete con todas sus fuerzas, nacionales e internacionales, con todo su poder económico y mediático, con toda su capacidad de generar violencia política, para evitar que la Revolución alcance ese punto definitivo de irreversibilidad.

En esta nueva etapa de acciones violentas e inconstitucionales, la burguesía sigue demostrando su monolítica conciencia de clase. Es decir, quienes componen esa clase social explotadora, defienden su restauración, luchan por recuperar sus privilegios y, en consecuencia, por negarle los derechos sociales a la mayoría. Planifican desde sus centros de poder económico su estrategia, sus tácticas y atajos inconstitucionales para retomar el poder.

Buena parte de sus nuevas tácticas de guerra se desarrollan hoy en la plataforma 2.0. Las balas no se disparan, sino que se inoculan, desde la idea liberal, bajo el ropaje de la “lucha pacífica y no violenta de la sociedad civil”. Todo se reduce a una imagen, a una consigna vacía, propio de la idea postmoderna del fin de la historia que profetizó erradamente Fukuyama en los años noventa. A través de la voracidad de las redes sociales nos quieren hacer ver que un país de un millón de kilómetros cuadrados y más de treinta millones de personas se reduce a los dos kilómetros cuadrados de caos que incendian en el este de Caracas un grupo de dirigentes irresponsables con alma de Nerón, acompañadados de un contingente de mercenarios y ciudadanos emborrachados por el odio y el fanatismo. Es un esfuerzo más para llevar al pueblo a su propia estructura de pensamiento liberal burgués. Pero el pueblo hace rato que dejó de abrazar ciegamente el evangelio capitalista.

No hay manera de hacer compatibles los intereses de la burguesía con los de la clase trabajadora. La primera, como explicamos al inicio, siempre se alimenta y sustenta del sufrimiento de la segunda, de la entrega de las mayorías. Los sempiternos dueños de los medios de producción y sus allegados tienen claridad meridiana de su necesidad de liquidar la Revolución. Ahora bien. ¿Tiene la clase trabajadora conciencia plena de clase? ¿Hasta qué punto la confusión mediática y la guerra económica genera la percepción de desclasamiento de algunas familias trabajadoras? ¿Cuál ha sido el impacto de esa guerra psicológica para distorsionar la realidad y procurar que los oprimidos defiendan los intereses de quienes les oprimen? ¿A qué otra clase, que no sea la trabajadora, puede pertenecer una maestra, un campesino, un médico, una indígena, un artista, un obrero, una enfermera, un transportista, un minero, un soldado, una funcionaria pública, un profesional asalariado?¿A los intereses de cuál de las dos clases opuestas pertenecen los sectores medios de la sociedad? ¿Con qué clase de identifican? ¿Con la trabajadora o con la se enriquece a partir de robarles su conocimiento, su vida (tiempo) y fuerza de trabajo?

Ésta es la hora de la clase trabajadora. Es el momento de desarrollar plena conciencia de nuestra condición de clase, de nuestra identidad social. Momento de cerrar filas con nuestra Revolución y demostrarle a la clase burguesa, no solamente que ni ellos, ni sus privilegios volverán en la Venezuela del siglo XXI, sino que además perderán de manera definitiva su hegemonía sobre los medios de producción, que dejarán de determinar el modo y las relaciones de producción. Tanto el Comandante Chávez, como el Presidente Maduro, han respetado y han convocado a aquellos dueños de medios de producción privados que estén dispuestos a liquidar el sistema rentista petrolero, que estén dispuestos a desatar sus fuerzas productivas y que estén dispuestos a acompañar a la clase trabajadora al traspasar la barrera del no retorno. Dueños de medios que han de producir con los trabajadores, que los respetan, no que los explotan. No hay nada más violento y letal que la explotación capitalista.

Hoy más que nunca, debemos analizar la realidad, los hechos históricos, los intereses contrapuestos y excluyentes de los grupos sociales en conflicto: debemos fortalecer nuestra conciencia de clase. Somos mayoría, somos alegría, creemos en una sociedad de justicia para que haya una sociedad en paz. No queremos que vuelvan los que nos roban nuestra esperanza, nuestro trabajo, para enriquecerse. Los desafíos por venir serán determinantes. Tomemos conciencia de dónde venimos, de dónde estamos, de quiénes somos y qué queremos. De nosotros depende hoy la existencia misma de la Patria, la construcción de nuevas relaciones de producción, de nuevas relaciones humanas, de una sociedad edificada sobre los valores de la igualdad, el trabajo y solidaridad. La nuestra es una Revolución Socialista, de la clase trabajadora, dirigida por un trabajador, que responde únicamente al mandato y los intereses de su clase, del Pueblo, del interés nacional y el bien social.

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