Mineros y mineras de los pueblos del sur de Bolívar denuncian que algunos medios quieren hacer creer que los daños ambientales en el AMO aparecieron, justamente, con la creación del proyecto de organización y derechos humanos implementado por el Gobierno nacional
Prensa Minería / Manuel Palma.- A Luis Romero le sorprendió leer en algunos medios privados de comunicación que el Arco Minero del Orinoco (AMO) se planificó sin los mineros. Luis es minero, de oficio y de corazón, y le parece insólito que esa sentencia mediática invisibilizara las mil reuniones, en las que él y sus compañeros de los pueblos del sur de Bolívar han participado para desarrollar en armonía con el ambiente el AMO, como una fuente de divisas para estabilizar la economía nacional.
También, le pareció increíble que un portal digital atribuyera a mafias el protagonismo y la influencia de la actividad minera en la entidad, sobre todo porque Luis pertenece al Consejo Popular Minero, una organización social que, en estos momentos, articula los esfuerzos de un promedio de 250 mil personas dedicadas a la minería y a actividades conexas en el AMO.
“La única organización que articula ese trabajo somos nosotros. Nosotros impactamos sobre el 60 % de las personas de esa población”, indicó este minero, en compañía de sus pares.
Según la información suministrada por Luis, el Consejo Popular Minero representa a las personas pobladoras y trabajadoras de las 36 áreas de los siete municipios mineros del estado Bolívar: Cedeño, Piar, Sucre, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana.
Pero Luis y sus compañeros son anónimos para muchos medios privados, incluso para los que funcionan en el estado Bolívar. Al margen de esa clandestinidad mediática, él y sus compañeros saben que su activa participación es clave para apuntalar el AMO como una zona estratégica de producción racional, y avanzar hacia una economía pospetrolera.
“El AMO es la gran oportunidad de fortalecer el sistema financiero nacional, a través de las riquezas minerales: es una oportunidad de oro para tener el control soberano y evitar pérdidas del patrimonio nacional”, agregó Luis, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, un lugar inusual para los mineros, habitualmente marginados en el pasado.
“Por primera vez, el poder popular minero está utilizando las instalaciones de un ministerio para hacer eco de sus políticas, de sus propuestas”, señaló.
Durante los Gobiernos puntofijistas de la IV República, los mineros como Luis no existían en los planes de desarrollo minero. Eran excluidos con naturalidad para mantener el saqueo de la materia prima. Hoy la realidad, para ellos, es distinta. Ahora, el Consejo Popular Minero se sabe imprescindible para reorganizar el AMO. El Gobierno nacional los considera actores vitales para desarrollar los cuatro bloques que integran la zona con los yacimientos minerales más grandes de Venezuela.
No en vano, fueron ellos los proponentes a la Presidencia de la República de crear un ministerio dedicado a la actividad minera, no solo para organizar el territorio y legalizar la minería como un proceso social de trabajo, sino también para acompañar las luchas colectivas por condiciones de vida digna. En efecto, la propuesta fue aprobada y puesta en marcha. Iris Vásquez, asesora jurídica del Consejo Popular Minero, tiene fresco el recuerdo de la propuesta.
“De las reuniones surgió la propuesta que se le llevó al Presidente (Nicolás Maduro), para conformar un ministerio para la minería. Fuimos nosotros el Consejo Popular Minero quienes presentamos un documento”, aseguró.
Con esa misma filosofía de activa participación, el Consejo Popular Minero ha organizado jornadas para atender los brotes de malaria y paludismo que, desde hace décadas, afectan a las comunidades mineras. Son ellos, como poder popular minero, quienes levantan los registros correspondientes, con el apoyo de la Misión Piar, el programa social creado por el Comandante Hugo Chávez para la atención y el acompañamiento de los mineros y las mineras.
La herencia ajena usada en su contra
Entre los años 80 y 90, los Gobiernos de la época permisaron a las transnacionales para que se llevaran al extranjero el 75 % del oro extraído en el sur del estado Bolívar. Los inmensos pasivos ambientales, sociales y laborales dejados por esas empresas extranjeras —y poco divulgados para la época— ahora son usados en la guerra en contra de la pequeña minería dispuesta a reorganizar, con el AMO, el mal heredado.
“A nosotros nos culpan de los desastres ecológicos históricos de la minería, que los hicieron otros, por ejemplo, las trasnacionales”, dijo Rafael Madero, de la mina La Increíble 4, quien considera un exabrupto la criminalización mediática con la cual han sido tratados por algunos medios privados.
Madero, un minero de 54 años, explicó que no se puede comparar el daño colosal del ambiente perpetrado por una transnacional con la minería artesanal, tradicional que, por más de un siglo, ha sido practicada en la zona. Su compañero, Ramón Calderón, del sector minero La Ramona, ilustró con mayor profundidad el injusto señalamiento hacia ellos, mientras hablaba el caso de la mina Chocó 10, situada en El Callao.
Contó Calderón que esa mina fue trabajada por la comunidad de El Callao por 100 años sin devastaciones ambientales, precisamente por el tipo de minería artesanal. Pero, “cuando fue entregada a las transnacionales, la mina no duró 6 años. Fue verdaderamente devastada la zona. ¡Ojalá los ambientalistas visitaran el lugar para que vieran el desastre que dejaron las transnacionales en esa zona! Tenían una planta que se comía (extraía) nueve mil toneladas de materiales diarios”, reveló.
La historia contada por Calderón, y los verdaderos orígenes de los pasivos ambientales —todavía existentes— poco se difunden en los medios. Tal como lo interpretan los mineros consultados, los medios quieren hacer creer que los daños ambientales en el AMO aparecieron, justamente, con la creación del proyecto de organización y derechos humanos implementado por el Gobierno.
Según los mineros, el AMO representa una amenaza para los intereses de las burguesías depredadoras que buscan mantener la explotación indiscriminada y progresiva de la naturaleza, con el único fin de aumentar su tasa de ganancias, sin dejar nada a la nación. Denunciaron que, así lo deja entrever, el linchamiento mediático en cual se han usado hasta imágenes satelitales de la Nasa de las áreas mineras venezolanas.
Nuevas tecnologías para la minería
Frente a los pasivos ambientales heredados, el Consejo Popular Minero ratificó su disposición de hacer todo lo posible por remediarlos y trabajar por una minería más amigable con el ambiente. “Estamos dispuestos a adecuarnos a las nuevas tecnologías y a resarcir los pasivos ambientales”, apuntó Calderón.
Como cualquier actividad humana en la naturaleza, los mineros no niegan que el AMO puede tener un impacto ambiental, pero la diferencia —sostuvieron— es la conciencia con la cual trabajan organizados, junto al Estado, en incorporar nuevas tecnologías para cambiar el patrón cultural de extracción de minerales.
“Estamos redefiniendo las áreas de trabajo para no comprometer la biodiversidad del Arco Minero. Hemos revisado cómo incorporar nuevas tecnologías, y estamos articulando con instituciones públicas para que nos acompañen en esta ruta”, afirmó Luis Romero.
En el esfuerzo por impulsar una minería mucho más responsable, el Ejecutivo ha otorgado a los mineros créditos con tasas preferenciales para la construcción de plantas de cianuración, que recuperan más del 90 % del mineral y tienen menor impacto ambiental que las técnicas tradicionales. En la actualidad, tres minas en el AMO trabajan en la implementación de esas plantas.
Los mineros narraron que, interesados en conocer y apropiarse de nuevos métodos de extracción de minerales, participaron en una jornada, con científicos, ambientalistas, tecnólogos, para explorar nuevas tecnologías que permitan desarrollar una minería con menor impacto en el ecosistema.
“En septiembre de 2017, lanzamos la primera jornada de nuevas tecnologías para la pequeña minería. Las memorias y los aprendizajes del encuentro los compartiremos en un documento de las jornadas para que lleguen a las comunidades mineras, y demostrar que sí se puede obtener oro a través de otras tecnologías diferentes al mercurio. Nuestro compromiso es avanzar a una minería responsable y, en ello, estamos trabajando”, puntualizó Romero.
Fotos: Emilio Guzmán
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Asimismo, comentó que desde la creación del Ministerio de Minas se ha registrado un repunte en la producción, puesto que en el año 2017 se entregaron 8.5 toneladas de oro y en el año 2018 la cifra llegó a 10.8 toneladas de mineral.
