Prensa Minería.- La creación del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, por parte del presidente Nicolás Maduro, hace ya cuatro años, representa un antes y un después en la historia minera de Venezuela. Desde su concepción, las políticas de este ministerio han estado direccionadas al fortalecimiento de capacidades productivas que apalanquen la exploración, explotación y comercialización de los minerales que se encuentren en el subsuelo venezolano, desde una visión que respete el ambiente y al país.

La actividad minera en Venezuela no es algo nuevo. Estudiosos de la materia aseguran que la minería en el país data de hace más de 180 años, teniendo como primer indicio legal el decreto promulgado por el Libertador Simón Bolívar en el año 1829, donde enunció que los recursos minerales existentes en el suelo nacional eran propiedad de la República.

No fue sino hasta el siglo XXI, con la llegada de la Revolución Bolivariana, presidida por Hugo Chávez Frías, que inició un proceso de (re)comprensión de la importancia que tiene para la nación el desarrollo de una actividad minera soberana bien hecha, otorgándole el valor justo a los recursos minerales; por tal motivo, el 23 de agosto de 2011, Chávez delineó el Arco Minero del Orinoco (AMO), como un eje productivo de gran potencial económico, con el propósito de dejar atrás el modelo capitalista y construir una economía humanista para preservar la biodiversidad y los cuerpos de agua de la majestuosa Orinoquia.

En el año 2012, Chávez vislumbraba la minería como gran eje de desarrollo y, así, lo plasmó en el tercer objetivo del Plan de la Patria 2016-2019, para convertir a Venezuela en un país potencia, mediante la explotación y la transformación soberana y racional de los recursos minerales, con el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental.

Fue entonces que el 9 de junio de 2016, el presidente Maduro creó el Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, con el objetivo principal de tomar el control de la actividad minera nacional bajo una política altamente social y amigable con el ambiente. Es importante destacar que, este nuevo ente del Estado, vino a dar autonomía a la minería en el país, ya que se encontraba subyugada a otras actividades económicas dominadas por los hidrocarburos.

Tecnologías amigables

El Arco Minero del Orinoco, cuenta con más de 111 mil kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 5 % va a ser objeto de desarrollo minero, siendo el primer paso dado por el ente minero nacional, en la organización y delimitación de las áreas productivas.

Este aprovechamientos de los recursos minerales, viene acompañado de un cambio progresivo, de tecnologías más amigables con la gente y el ambiente, y para eso la ciencia y la tecnología nacional se unen en espacios para que esto suceda.

Los complejos auríferos que se encuentran en la Zona de Desarrollo Integral, implementan plantas de lixiviación por cianuración, que es un químico biodegrabable, que requiere unos controles de precisión y estabilización química, siendo mucho menos contaminantes que el mercurio, además existe el compromiso de reemplazarlo por tecnologías más limpias.

Igualmente, el trabajo que se realiza en el Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, desde su creación, es el acompañamiento de la gestión productiva de los pequeños mineros, incentivándolos al uso de tecnologías más avanzadas y menos contaminantes.

El trabajo en este aspecto, es cuesta arriba, ya que se trabaja desde una minería anárquica, que se venía desarrollando por años, pero se está logrando con el acompañamiento técnico de los mineros artesanales y creando una nueva conciencia para la extracción de los minerales presentes en el subsuelo venezolano.

Visibilización de los pequeños mineros

El reconocimiento de los pequeños mineros, como sujeto social y como una gran fuerza productiva, ha sido uno de los logros más significativos en los dos años del ministerio. Debido a las acciones tomadas por el Gobierno Nacional se ha generado una relación amigable entre los trabajadores de las minas y el Estado venezolano.

Esta revalorización del pueblo minero se materializa, hoy, en casas de atención social para las familias mineras y la creación del Fondo Social Minero, músculo financiero sustentado con los aportes de los propios mineros. Gracias a esta visibilización, también se creó la Defensoría de los Derechos de la Mujer Minera, la primera defensoría temática de este tipo en Venezuela.

De igual manera, se han realizado la adecuación de escuelas y canchas deportivas para el buen vivir de los hijos de los mineros.

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